La mayor crisis enfrentada por el gobierno Collor tomó forma en junio de 1991 gracias la una disputa que involucrara a su hermano Pedro Collor y al empresario Paulo César Farías a partir de la adquisición, por este último, del periódico Tribuna de Alagoas con miras de montar una red de comunicación lo bastante poderosa como para eclipsar la Gaceta de Alagoas y las Organizaciones Arnon de Mello. Contrarestada en un primer momento, la crisis tomó relevancia al largo del año siguiente, teniendo como ápice el reportaje de la revista IstoÉ que traía material explosivo referente al chofer de Collor, Eriberto Francia. La situación de Collor se hacía cada vez más insostenible, hasta fuertes aliados de la prensa, como el grupo Abril (revista Vea) pasaron a hacer denuncias. Vea publicó un material en la cual el menor del clan carioca-alagoano acusaba el empresario PC Farías de enriquecerse a las costa de su amistad con el presidente, algo que tuvo consecuencia en los meses venideros: el 10 de mayo Pedro Collor presentó a la revista Vea un pila de documentos que acusaban al ex-tesorero de su hermano como el propietario de empresas en el exterior y como las denuncias apuntaban a nivel cada vez más elevado la familia intervino y de ese modo el hermano denunciante fue removido del directorio de las empresas de la familia el 19 de mayo por decisión de su madre, doña Leda Collor.
Oficialmente alejado por “perturbaciones psicológicas”, Pedro Collor no tardó a contra-atacar: primero presentó un informe el que verificaba su sanidad mental y paso seguido concedió una nueva entrevista a Vea el 23 de mayo en la cual acusó PC Farías de operar una red extensa de corrupción y tráfico de influencia en calidad de testa ferro del presidente, no resultó condenado por tales conductas por ser un beneficiario directo de lo que se conoció como “esquema PC”. Cuarenta y ocho horas después la Policía Federal inició un interrogatorio destinado a investigar las denuncias de Pedro Collor y al día siguiente el Congreso Nacional instauró una Comisión Parlamentaria de Investigación destinada a averiguar la veracidad de las acusaciones. Presidida por el diputado Benito Gama del PFL de Bahia y fiscalizada por el senador Amir Lando del PMDB de Rondônia, la CPI fue recibida con cierto desdén por el gobierno, a punto que Jorge Bornhausen, entonces jefe de la Casa Civil, declaró que la comisión “no llevaría a lugar ninguno”.
Poco tiempo después Fernando Collor fue a la televisión y rechazó las denuncias hechas contra su administración y con eso se sintió encaramado para aclamar la población a salir de casa vestida de verde y amarillo en protesta contra las “intenciones golpistas” de determinados sectores políticos y empresariales interesados en sacarlo del poder. El llamamiento pareció tener aceptación: el día 12 de Agosto, cuando cumplía 43 años, fue homenajeado por empresarios, políticos, cantantes, artistas y admiradores, hasta parecía que todo sería olvidado, contando con una amplia cobertura mediática en su apoyo. Sin embargo, tuvo en verdad un efecto contrario a lo que originalmente se pretendía, pues lo que se vio a las calles fueron las manifestaciones de jóvenes estudiantes denominados caras-pintadas, en referencia a las pinturas en sus rostros que, capitaneados por la Unión Nacional de los Estudiantes exigían el impeachment ( la impugnación) del presidente en una consigna resumida en el eslogan “Fuera Collor!” repetida hasta la extenuación en marchas por todo el país a partir de 16 de agosto. Según la opinión de diversos sociólogos y científicos políticos[carece de fuentes], fue esa movilización estudantil, (reforzada por la participación de la sociedad civil organizada, lo que de a poco hizo que los medios de comunicación fueran abandonando Collor), el factor decisivo para que las investigaciones de la CPI avanzaran y no fueran desvirtuads por la interferencia gubernamental, o sea, sin esa exigencia por parte de la sociedad el alejamiento de Collor probablemente no hubiera ocurrido, aunque el “embrión estudantil” de la misma haya sido calificado inicialmente por sectores de la prensa como algo “desprovisto de idealismo y coherencia política” a merced de la manipulación de grupos políticos de izquierda. Mientras tanto las investigaciones de la CPI cosechaban sus frutos, paulatinamente, en base a una serie de testimonios y también de documentos escritos que corroboraban los indicios de la actuación de Paulo César Farias en los lobbies del poder.
En 26 de agosto el informe final de la “CPI del PC” fue aprobado y en él se constataba la información de que el presidente de la República y sus familiares habían tenido gastos personales pagadas por el dinero obtenido ilegalmente por el “esquema PC” que distribuía tales recursos por medio de una intrincada red de “perejiles” y de “cuentas fantasmas”. Como ejemplos materiales de esos favoritismos fueron citadas la reforma en la “Casa de la Dinda” (residencia de Fernando Collor en Brasilia) y la compraventa de un automóvil Fiat Elba. Copias del informe fueron entregadas a la Cámara de Diputados y a la Procuraduría General de la República, y un pedido de impeachment fue formulado teniendo como firmantes al periodista Barbosa Lima Sobrino, presidente de la Asociación Brasileña de Prensa, y al abogado Marcelo Lavenére, presidente de la Orden de los Abogados de Brasil. Entregado al diputado Ibsen Pinheiro, presidente de la Cámara de Diputados, el pedido de apertura del proceso de impeachment fue aprobado en 29 de septiembre por 441 votos a favor y 38 votos contra, con una abstención y 23 ausencias.
Sobre el día de la votación (transmitida para todo el país por los medios de comunicación, que ya habían abandonado definitivamente Collor) vale registrar que la misma transcurrió bajo el amparo del voto abierto y eso hizo con que los diputados pensaran en su supervivencia política dada la proximidad de las elecciones municipales de 1992 y las aspiraciones de reelección en 1994, así muchos parlamentarios optaron por el “sí” en el momento decisivo a pesar de promesas en sentido contrario, o sea, votos que eran contabilizados para el gobierno migraron para el bloque del impeachment, dos de los cuáles merecen que se los destaque: el caso del diputado Onaireves Moura (del PTB de Paraná), que días antes había organizado una cena de desagravio al presidente y el voto del alagoano Cleto Falcão, ex-líder del PRN en la Cámara y amigo íntimo de Collor, demostrando así el total aislamiento del presidente. Para aprobar la apertura del proceso de impeachment serían necesarios 336 votos y el sufragio definitorio quedó en manos del diputado Paulo Romano del PFL minero.
Alejado de la presidencia de la República en 2 de octubre, fue juzgado por el Senado Federal el 29 de diciembre de 1992. Como último recurso para preservar sus derechos políticos, Collor renunció al mandato antes del inicio del juicio, pero la sesión tuvo continuidad. El juicio fue polémico y algunos juristas consideraron que el juicio, después de la renuncia, no debería haber continuado. Fue condenado a la pérdida del cargo y la una inhabilitación política de ocho años por el resultado de 76 votos a 5 en una sesión presidida por el ministro Sidney Sanches, presidente del Supremo Tribunal Federal. Rectificando el resultado del juicio, fue publicada la Resolución nº101 del Senado Federal, en el DCN (Diario del Congreso Nacional), Sección 11, del día 30/12/1992, Art. 1º, que consideró perjudicado el pedido de aplicación de la sanción de pérdida del cargo de Presidente de la República de Brasil, en virtud de la renuncia al mandato. Su disgusto por el alejamiento fue tan grande que llegó a pensar en suicidio, conforme entrevista dada al programa Fantástico de la Red Globo en 2005.
Traducido por Reflexiones Siesteras de acá
Sobre "impeachment" tomamos esta definición de Emilio Bernal Labrada tomada de acá:
“Aunque existen, entre otros, los términos "juicio político" y "juicio de residencia o destitución", lo cierto es que la voz "impeachment" tiene raíces netamente latinas, ya que viene de "impedicare", o sea "impedir", "poner impedimento" a un funcionario. Pero como "impedimento" no equivale ya al posible resultado del proceso --que está llamado a desembocar, las más de las veces (si no, no se emprendería), en la renuncia o destitución--, digamos que para expresar el concepto con una sola palabra, la que mejor encaja es más bien "impugnación". Es decir que se impugna el desempeño o conducta del funcionario a tal punto que, de declarársele responsable y culpable, se le destituye u obliga a renunciar.”
Algo mas sobre "impeachment" acá